El matrimonio igualitario ha «conquistado» un nuevo territorio, el país más extenso y con mayor población de toda Sudamérica, Brasil. Varios estados habían aprobado una legislación propia para permitir las uniones matrimoniales entre dos personas del mismo sexo, pero ahora una decisión judicial las permitirá en todo el territorio nacional.
Hablamos de decisión judicial, porque no se trata de la manera convencional de aprobar el matrimonio igualitario. A diferencia de los que había ocurrido en Argentina y Uruguay anteriormente, no es una ley la que permite la igualdad, sino una sentencia del Consejo Nacional de Justicia (CNJ).
Se podría buscar un paralelismo con lo que ocurrirá en Colombia a partir del 20 de junio de este mismo años. La resolución del mayor estamento del poder judicial en Brasil supone, en la práctica, la legalización del casamiento entre personas del mismo sexo en todo el territorio nacional. De este modo, como pasará en Colombia, los registros civiles estarán obligados a convertir todas aquellas uniones estables entre dos personas del mismo sexo en un matrimonio si así es solicitado, y al mismo tiempo, no podrán negarse a casar a parejas de homosexuales.
No todo es color de rosa para el futuro del matrimonio igualitario en Brasil, ya que en teoría la decisión del STJ podría ser recurrida ante el pleno del Tribunal Supremo por parte del Congreso Nacional, que aún no ha aprobado el matrimonio gay. Se podría producir un nuevo desencuentro entre el progresista poder judicial y el más conservador Congreso brasileño, tras la ardua polémica levantada por la designación del Diputado y pastor evangélico Marco Feliciano como Presidente de la Comisión de Derechos Humanos en el país, quien ha sido acusado de homófobo y racista.
El magistrado Joaquim Barbosa, Presidente del Tribunal Supremo y del CNJ al mismo tiempo, afirmó que «no tendría sentido esperar a que el Congreso legisle para dar efectividad a una decisión judicial». Según Barbosa, desde que el Supremo decidió legalizar la unión estable y la igualó en derechos al casamiento civil, sólo faltaba «reglamentar» y «armonizar» esas resoluciones, lo que en su opinión ha hecho hoy el CNJ.